Esteban Ibarra

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, denuncia el cambio de política del Gobierno hacia su asociación; la lucha contra los delitos de odio no parece ser tan importante. Foto: Confilegal.

Si hubiera que definir de forma precisa quién es Esteban Ibarra, presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, no podría haber otra forma que repetir palabra por palabra el famoso poema de Bertold Bretch: «Hay hombres que luchan un dia y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles».

Ibarra es un «imprescindible». Si no hubiera existido muchas cosas, con seguridad, no habrían sucedido, como la inclusión de los delitos de odio en el actual Código Penal, llamado «de la democracia» porque fue aprobado en 1995, cuando ocupaba la cartera de Justicia y de interior el magistrado Juan Alberto Belloch. Una tipificación que fue ampliada en 2015.

Movimiento contra la Intolerancia nació en 1991 para combatir el racismo, la violencia xenófoba, los extremismos y la intolerancia en la sociedad. Se define como un movimiento plural, autónomo, abierto y participativo. Y rabiosamente independiente. Esta ONG no se casa con nadie. Le dice las «verdades del barquero» a unos y a otros. Y eso molesta, y tiene consecuencias negativas.

En esta entrevista, Esteban Ibarra, conciencia de un país que apostó por los derechos humanos desde que abrazó la democracia con la Constitución de 1978, cuenta cómo un Gobierno como el actual, que se define progresista, le ha recortado los presupuestos de forma drástica. Lo que ha provocado el cierre de 5 de los 8 programas que venían realizando.

Uno de ellos el muchas veces celebrado Informe Raxen, donde se recopilaban todos los datos sobre delitos de odio. Datos que se publicaban trimestralmente y luego de forma anual.

Ustedes, señor Ibarra, son un referente de autoridad en España. La ONG que preside ha contribuido de forma decisiva a lo que hoy es la España democrática. ¿Qué ha pasado para que el Gobierno les haya castigado de esta forma, cortándoles la financiación para seguir elaborando el Informe Raxen?

No lo sé. Son 25 años haciendo el Informe Raxen. Teníamos asignados 60.000 euros. No es una cantidad importante. Yo creo que esto es un desprecio por parte del Gobierno. Un desprecio al trabajo de la iniciativa ciudadana, porque esto no lo hace el Estado.

Es el único informe de monitorización de delitos de odio. Porque una cosa es el informe del Ministerio del Interior, que se limita a ofrecer una estadística, y otra muy distinta es la monitorización.

La monitorización implica conocer todos los detalles: qué ha sucedido, qué se ha hecho, quién posiblemente lo ha cometido, dónde ocurrió y cuándo tuvo lugar.

Esta serie de factores permite establecer una política preventiva. Sin una política preventiva, no avanzamos en ninguna dirección.

Es más, la monitorización también posibilita una política de intervención criminal, porque permite identificar patrones en la comisión de delitos.

Si detectas que en una ciudad o en un lugar determinado los hechos se reiteran, podrías identificar la existencia de un grupo o una estructura organizada que actúa de manera recurrente. En otras palabras, un grupo de odio, un grupo criminal, sea del signo que sea.

La cancelación de la financiación del Informe Raxen, que venía elaborando trimestral y anualmente Movimiento contra la Intolerancia, es un revés en la monitorización de los delitos de odio en España. Foto: Confilegal.

¿De qué Ministerio dependía la financiación del informe Raxen, señor Ibarra?

Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cuya máxima responsable es la ministra socialista Elma Saiz. ¿Han dado alguna explicación?

No, ninguna.

¿Qué otros programas han suprimido a Movimiento contra la Intolerancia?

El programa de denuncias de delitos de odio. Este programa es el más importante que existe dentro de una organización no gubernamental en toda Europa. No solo en España, sino en toda Europa.

¿Por qué? Porque, en general, los delitos de odio se denuncian poco. Sin embargo, nosotros hemos conseguido interponer más de un centenar de denuncias al año.

De hecho, algunos fiscales de delitos de odio me han comentado: «No vais a poder seguir haciéndolo de manera voluntaria”. Y yo les digo: «Sí, sí. De manera voluntaria, lo seguiremos haciendo…».

Pero claro, si eliminas a todo el equipo profesional, formado por especialistas con formación jurídica para llevar a cabo estas denuncias, estás debilitando enormemente la capacidad de actuación.

«Nos consta que molesta que hablemos de temas como Venezuela, la hispanofobia o el antisemitismo».

Ciertamente, la eficacia va a ser mucho menor.

Seguiremos con ello, principalmente en aquellas denuncias que nos afecten directamente a nosotros. Porque nosotros, como asociación, somos víctimas.

En su momento, recibimos un paquete explosivo. Yo mismo he sufrido muchas agresiones. Y ahora seguimos siéndolo, simplemente por estar en primera línea.

Seguiremos denunciando. Y mientras nos sigan atacando, lógicamente, responderemos.

Pero el problema es que ese rastreo y esa atención a las víctimas, que requieren tiempo y recursos, van a ser mucho más difíciles de llevar a cabo.

¿De qué Ministerio dependía la financiación de este programa, señor Ibarra?

Del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. También se han eliminado los programas de materiales didácticos y cuadernos de análisis, que han sido esenciales para la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscales de delitos de odio, periodistas y jueces.

Estos materiales incluyen colaboraciones de magistrados del Tribunal Supremo. Si se eliminan estos materiales, la calidad de la formación también se verá afectada.

Otro programa que han dejado de financiar es el que combate la xenofobia “online”. Ahora mismo, todo el mundo sabe que hay campañas xenófobas “online” enormes. Este es el peor momento para eliminar un programa como este, que se dedica precisamente a combatir el discurso de odio xenófobo y racista en internet.

Eran programas con recursos mínimos, de 60.000 o 70.000 euros al año. No eran grandes sumas. Lo importante no era el dinero, sino la especialización: en cada programa trabajaban uno o dos especialistas, en algunos casos hasta cuatro.

Esteban Ibarra ha respondido judicialmente a Willy Toledo y Youssef M. Ouled, quienes lanzaron una campaña en X contra su persona. Foto. Confilegal.

Si mal no recuerdo, el titular de esa cartera es Pablo Bustinduy, de la coalición de izquierdas Sumar. No tiene mucho sentido. Si el PSOE y Sumar son formaciones “progresistas” que se supone que combaten los extremismos y la intolerancia, ¿por qué actuar así contra Movimiento contra la Intolerancia?

Políticamente hablando, no quiero pensar que haya malestar con nuestro trabajo, aunque nos consta que molesta que hablemos de temas como Venezuela, la hispanofobia o el antisemitismo.

Pero si nos ceñimos a los argumentos formales, dicen que ahora los programas se puntúan de otra manera.

Hay una cancelación encubierta, es un hecho. Antes nos invitaban a eventos. Ahora, ya no. Y las redes sociales han sido clave en esta campaña contra nosotros.

«La izquierda tenía un espíritu de defensa de los derechos humanos en los años 80 y 90 que hoy parece haberse diluido».

¿Cuántos programas les han quedado a nivel estatal?

Tres. Dos de sensibilización escolar de jóvenes y uno de atención directa a víctimas. Somos una organización que cuenta con más de 300 asociados. Somos gente muy comprometida.

¿Cree que la izquierda ha perdido la referencia en materia de libertades y derechos civiles?

Totalmente. La izquierda tenía un espíritu de defensa de los derechos humanos en los años 80 y 90 que hoy parece haberse diluido.

Por eso digo que hay miembros del Gobierno a los que les molesta Movimiento contra la Intolerancia: han cancelado 5 de nuestros 8 programas. A las pruebas me remito.

Usted ha sido, recientemente la diana de una campaña contra su persona que ha desembocado ante los tribunales. Denunció a Willy Toledo y a Youssef M. Ouled. ¿Por qué los denuncié?

El pasado 28 de enero declaré ante el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid. Denuncié a ambos por un delito de odio. Montaron una campaña en X, acusándome de ser el máximo exponente del movimiento sionista en España. Ha sido una campaña que ha alcanzado los dos millones de visitas.

Visto lo visto, interpuso una denuncia ante la Brigada de Información de la Policía porque me sentí el blanco de esa campaña, que ponía en riesgo mi seguridad personal y la de los miembros de la asociación.

Una campaña que, por cierto, apoyó la diputada de Podemos Ione Belarra.

Ustedes, señor Ibarra, siguen estando donde estaban. ¿Qué es lo que está pasando, desde su punto de vista?

La esencia de Movimiento contra la Intolerancia es la defensa de los derechos humanos. Por eso luchamos, y conseguimos, que en el Código Penal se incluyeran los delitos de odio. En los artículos 510, 511, 512, 513 y 514.4 y en el 22.4. En 1995 conseguimos que hubieran 9 circunstancias agravantes. Y en 2015 que se ampliaran a 15, incluyendo la aporafobia, la identidad de género y la exclusión social.

Trabajamos por un mundo de tolerancia, de libertad. Estos tiempos que estamos viviendo no son buenos. Pero seguiremos trabajando por ese ideal.